El Tribunal anula el requisito de «domicilio social» en Galicia para acceder a rebajas en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. La sentencia sienta un precedente clave contra las barreras territoriales. Considera estas prácticas discriminatorias y contra la unidad de mercado.
Golpe al ‘chantaje’ fiscal autonómico: el Constitucional prohíbe condicionar incentivos a la sede de la empresa
