En primer lugar, el Comité ha alertado, como han hecho los jueces y otras instituciones, del grave menoscabo que estos acuerdos pueden suponer a la separación de poderes y a la seguridad jurídica, fundamento de nuestra democracia, y de la fragmentación y el debilitamiento institucional al que estamos asistiendo. Debemos recordar más que nunca que un país son sus instituciones, en este caso, amparadas por la Constitución.
En segundo lugar, entendemos que los acuerdos afectan de forma directa al principio de igualdad entre todos los españoles, que es piedra angular de nuestra Constitución desde 1978 y fundamento de la cohesión social y de nuestra convivencia.
En tercer lugar, es nuestra responsabilidad advertir de que se está creando un clima de negocios cada vez más complicado, en el que es muy difícil que haya crecimiento económico y creación de empleo. A ello se añade también, a la vista de los acuerdos, una previsible distorsión de la unidad de mercado y un deterioro de nuestra imagen en el exterior, claves para nuestra competitividad, la atracción de inversiones, el desarrollo empresarial y, en último término, para el bienestar de la sociedad española.