Queremos recordar que esa Constitución, en su artículo 38, ampara la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado y exige a los poderes públicos necesaria garantía y protección en su ejercicio. Es incompatible el desconocimiento de estos mínimos principios con el ejercicio de un cargo en un poder del Estado
Es en estos momentos complicados, que también sufren las empresas españolas, cuando los responsables políticos deben ser capaces de dar respuesta a las enormes dificultades que atraviesan los ciudadanos, pero no con consignas sino con reformas. Y no con ataques a los empresarios que afectan a la convivencia, a la estabilidad del país y la confianza, sino con llamamientos al acuerdo.