El subsecretario de Educación, Formación Profesional y Deportes, Santiago Roura, la secretaria general de Formación Profesional, Clara Sanz, y la abogada del Estado, María Ocaña, se han reunido este viernes con representantes de CEOE, Cepyme y UGT en la sede del Ministerio de Educación. En el encuentro, han analizado los posibles pasos a seguir tras la reciente decisión del Tribunal Supremo de anular el Real Decreto 1027/2022 que regula una subvención directa a estas entidades para la formación en digitalización de trabajadores.

Cabe recordar que, aunque la sentencia no anula las resoluciones que asignan ayudas por un valor de 30,6 millones de euros a estas organizaciones para formar a 125.000 personas, todos los implicados apoyaron la propuesta del Ministerio de solicitar la opinión de la Abogacía General del Estado con el fin de garantizar la seguridad jurídica de las decisiones a adoptar.

Tras valorar las posibles opciones, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha anunciado su intención de realizar una revisión de oficio. De esta forma, las organizaciones deberán continuar con la realización de la formación hasta el momento en el que el MEFPD les traslade formalmente el acuerdo de inicio del procedimiento de dicha revisión, que fijará la fecha de suspensión de esta iniciativa.